El Gobierno Nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. “La zona denominada ‘el cruce’ en Villa La Angostura es donde se localizaba el lote 9 y donde hoy se encuentra el centro y la Municipalidad. Sobre el lote 9 fue creciendo el centro de Villa La Angostura y la comunidad mapuche fue gradualmente ‘corrida’ hacia la marginalidad del lote”, explicó Sebastián Valverde, antropólogo, investigador del Conicet y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ya en 2007, junto a la investigadora Analía García, publicó “Políticas estatales y procesos de etnogénesis en el caso de poblaciones mapuche de Villa La Angostura”, donde detalla el despojo de los primeros habitantes del lugar1.

Emanuel Ginóbili adquirió en 2004 un lote de aproximadamente once hectáreas, sin saber que era reivindicado como territorio mapuche. Cuando la comunidad rechazó dejar el lugar, Ginóbili inició un juicio (en 2007) contra integrantes de la comunidad. La estretagia legal fue negar la existencia de la comunidad (y así negar derechos que asisten a los pueblos orginarios). Pero en 2011 la Cámara de Apelaciones instó a que reconozca a la comunidad como contraparte en el juicio y ahora, luego de la feria judicial, la causa se reactivó, con el pedido de que se le reconociera la propiedad del predio. De ganar el juicio, el paso siguiente es pedir el desalojo de la comunidad.

“El demandante pretende que se declare que es el propietario de un terreno que se encuentra en posesión de la comunidad Paichil Antriao. La demanda fue iniciada ante el juzgado de Jorge Videla, el mismo juez que está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los numerosos desalojos realizados contra la comunidad”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado y detalló que los abogados de Ginóbili recurrieron a “todos los lugadres comunes de los que quieren desalojar” a las comunidades indígenas. La estrella de la NBA argumenta que la comunidad nunca existió y, citando al cuestionado historiador Rodolfo Casamiquela, sostiene que los mapuches no son argentinos (sino que son chilenos). La misma argumentación suele ser utilizada por medios de comunicación.

“La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denunció en 2009 en un comunicado2 el Consejo Directivo de esa casa de estudios. El título fue explícito: “Declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche” y advirtió que “la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Esas notas tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”.

En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un desalojo y la destrucción de sus viviendas. Desde entonces denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, la policía y guardias privados. En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una medida cautelar presentada por el Odhpi y ordenó al Estado argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” mapuche. Además, en Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial (que en Neuquén aún no comenzó).

“Tal vez Ginóbili haya actuado de buena fe, pero en ese caso estuvo mal asesorado. Llevar a la comunidad a juicio no ayudará a encontrar una solución, que debiera darse en el marco de un diálogo franco entre las partes y la asunción de las responsabilidades del Estado, tanto nacional como provincial, que sigue desconociendo los derechos indígenas”, afirmó Salgado.

La demanda judicial sostiene que la “propiedad privada” de Ginóbili (que nunca poseyó ni vivió en el lugar) tiene prioridad por sobre los “supuestos” derechos indígenas. El demandante tiene planificado lotear para un barrio privado y construir una hostería de lujo.

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Contactos:
José kinxikew (Confederación Mapuche de Neuquén) 0294 15 4625544
Juan Manuel Salgado (Odhpi) 0299 4486294

Dr. Beder Herrera

Desde la Fundación Servicio Paz y Justicia expresamos nuestra preocupación ante los hechos ocurridos el día 3 de enero del corriente año, en la localidad de Famatina, de su provincia.

Desde hace tiempo los vecinos del lugar en forma organizada se oponen a todo emprendimiento que ponga en riesgo el ambiente y la calidad de vida de los pobladores. Por tal motivo desde los primeros días de enero han cortado la ruta de acceso a la subida al cerro para impedir que trabajadores de la empresa Osisko realicen tareas de exploración.

 Las acciones tomadas por los ciudadanos se basan en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la falta de aplicación por parte del gobierno de la provincia respecto de la participación ciudadana que ordena la Ley general del ambiente (ley 25675).

 A consecuencia de ello, es injusto que se tomen acciones de criminalización de la protesta social de los vecinos, quienes han realizado innumerables denuncias, las cuales no se han resuelto a su favor en el mejor de los casos.

Asimismo manifestamos nuestro descontento con el actuar de las autoridades locales y lamentamos que el gobierno de la Provincia privilegie el capital financiero sobre la vida del Pueblo riojano

Por tal motivo exigimos que se tenga en cuenta las necesidades de la sociedad de Chilecito como así también el cumplimiento de los Derechos Humanos de esta población. Y esperamos que se abra un canal de dialogo por el cual llegar a un entendimiento de los reclamos; para una vida digna para todos y todas.

Reciba nuestro saludo de Paz y Bien

Adolfo Pérez Esquivel

Coordinación Nacional de la Fundación Servicio, Paz y Justicia, enero 2012.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desea saludar el Día Mundial de la Radio, establecido por resolución de la 36ª Conferencia General de la UNESCO de 2011.

En esta primera celebración del Día Mundial de la Radio, el Relator Especial quisiera destacar la importancia de las radios comunitarias de los pueblos indígenas del mundo.

La radio ha sido un medio fundamental para los pueblos indígenas, para la vitalidad de las lenguas, y el ejercicio y defensa de sus derechos. Como reconoce la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 16 “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.”

Contó con la participación de militantes de derechos humanos de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Honduras, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua. A modo de síntesis se elaboró una declaración que expresa las principales preocupaciones explicitadas en el encuentro.

(ver declaración)

]]> http://odhpi.org/2011/12/declaracion-del-encuentro-de-defensoras-y-defensores-de-derechos-humanos-de-america-latina/feed/ 0 http://odhpi.org/2011/12/james-anaya-reunido-con-la-confederacion/ http://odhpi.org/2011/12/james-anaya-reunido-con-la-confederacion/#comments Thu, 29 Dec 2011 10:30:56 +0000 odhpi http://odhpi.org/?p=689   (Neuquén, martes 29 de noviembre) La Confederación Mapuce de Neuquén se reunió con el Relator Especial para los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya. Durante el encuentro, el relator conoció cada una de las situaciones por las que atraviesan autoridades del Pueblo Mapuce, así como también integrantes de muchas de las comunidades de [...]]]>

James Anaya en la Ruka Newen Mapu - Kona producciones

(Neuquén, martes 29 de noviembre)
La Confederación Mapuce de Neuquén se reunió con el Relator Especial para los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya.
Durante el encuentro, el relator conoció cada una de las situaciones por las que atraviesan autoridades del Pueblo Mapuce, así como también integrantes de muchas de las comunidades de la Provincia del Neuquén.
En este informe que presentamos a continuación, se detalla cada una de las causas en las cuales están involucrados.a cada uno de estos Pueblos, a nivel nacional e internacional

Ver Informe

“Ingresamos al rewe (sitio sagrado) para hacer una ceremonia y Fisher se nos vino encima. Nadie quería responderle a sus agresiones verbales, seguimos caminando, pero luego golpeó a un hermano, lo tiró al piso y lo golpeó hasta que intervinimos”, explicó Verónica Huilipan, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI).

El propio Fischer llamó a la Policía y exigió a los gritos que la comunidad abandone el rewe. Los efectivos se limitaron a evitar nuevas agresiones del ciudadano estadounidense. La comunidad finalizó la ceremonia y se retiró para explicar al diplomático la vulneración de derechos que se producen en Neuquén.

James Anaya es Relator Especial para la Situación de los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, la más alta autoridad de Naciones Unidas en la materia. Es la primera vez que visita el país y las primeras comunidades en visitar fueron las ubicadas en Neuquén. Focalizó su visita en la zona centro, donde las comunidades enfrentan el acoso de la industrias petrolera, y luego viajó a Villa la Angostura para escuchar a la comunidad Paichil Antriao, caso paradigmático de despojo territorial producto de la especulación inmobiliaria.

La comunidad mapuche vive en la actual localidad de Villa la Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos históricos del propio Estado Nacional. La ciudad de Villa la Angostura creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de tres viviendas.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de más de dos años de proceso, el 6 de abril último, la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada. Instó al Gobierno Nacional tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” y le solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión, que también protegió el rewe, se dio en un contexto de creciente violencia y criminalización contra el Pueblo Mapuche

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Contactos:
José kinxikew (Confederación Mapuche de Neuquén) 02944 15 625544
Verónica Huilipan (ODHPI) 0299 15 6311145

     El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denunció el incumplimiento de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.

     El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) cuestionó al Estado argentino por los desalojos y la violencia contra comunidades indígenas, denunció la violación de la Constitución Nacional respecto de derechos territoriales y la Ley 26160 (suspensión de desalojos), llamó la atención respecto al avance minero sobre pueblos originarios y se mostró “preocupado” por el avance de los desmontes, la soja transgénica y los agrotóxicos sobre territorios indígenas.

      “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU en su último informe, presentado en la primera semana de diciembre. También destaca que “lamenta los defectos en procesos de consulta” para con comunidades indígenas que, en “algunos casos”, llevó a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

     El Comité DESC denunció que, en lo que respecta a territorios indígenas, en Argentina se registra la “violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT”. Reconoció “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica “plenamente” y asegura que existen “demoras” en la entrega de títulos a las comunidades. “El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial”, destaca.

   “El Comité está particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, puntualizó en el punto IX del informe. Se refiere al reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos indígena.

     Además de la minería, el duro informe aborda otra industria extractiva. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, afirma y reconoce su “preocupación” porque esas prácticas agrícolas dificultan a las comunidades indígenas mantener la agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible”. También cuestiona “el aumento de los desmontes que ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios”. El Comité recomendó al Estado que “asegure la completa puesta en práctica” de la Ley que Bosques.

     Argentina es un alumno aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del país. El último año se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotóxico glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional), pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para 2020. Lo que implica, siempre según el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones de hectáreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarán sobre territorios campesinos e indígenas.

     El 16 de noviembre pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23 años, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro asesinatos de campesinos e indígenas en sólo dos años (el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, Sandra Ely Juárez en Santiago y el qom Roberto López en Formosa).

     El 2 de diciembre fueron presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, sentencia.

    El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité comenzó a funcionar en 1985 y depende del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los estados. Además de la realidad rural, aborda las políticas públicas respecto a hábitat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e igualdad de género, entre otros aspectos.

     El informe rescató como hechos positivos la sanción de la leyes nacionales de Migración (25871, en 2004), de Educación Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del PBI a educación), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario (26618, en 2010), de Glaciares (26639, también en 2010).

     El anterior informe del Comité había sido en 1999. El próximo será en 2016.

Relator en lof Mapuce Wenxu Xawvn Leufu - kona producciones

El Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa. Confirmó el incumplimiento de la normativa que protege los derechos indígenas, denunció la “inseguridad jurídica” respecto a los territorios y alertó sobre las consecuencias de las industrias extractivas.

 (9 de diciembre de 2011) * – “El Gobierno debe dar mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas (…) Una preocupación central es la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales y los desalojos”, afirmó la más alta autoridad en materia indígena de Naciones Unidas, James Anaya, luego de recorrer durante once días comunidades originarias de Argentina. Organismos de derechos humanos, que propiciaron su visita al país, entregaron un informe donde denuncian que “los desalojos continúan sucediendo y, en múltiples casos, los reclamos por el cumplimiento de sus derechos han sido objeto de serias respuestas violentas estatales que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión política”.

 Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa, cuatro de las provincias con más denuncias de violación de derechos de pueblos originarios, fueron visitadas la última semana por el diplomático de Naciones Unidas. Escuchó, de boca de los propios indígenas, la sistemática vulneración de derechos y confirmó el avance de petroleras, mineras y empresarios agropecuarios sobre territorios comunitarios. También se entrevistó con comunidades de Río Negro, Chubut y Tucumán. A pesar de ser un alto diplomático de la ONU, no fue recibido por funcionarios de primera línea del gobierno nacional.

En la conferencia de prensa brindada ayer en la Ciudad de Buenos Aires, Anaya destacó la frondosa legislación indígena vigente en Argentina. Constitución Nacional (artículo 75), constituciones provinciales, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, de rango supralegal) y, entre otras, la Ley 26160, que suspende los desalojos indígenas y ordena la realización de un relevamiento catastral. “Existen retrasos en los procesos de relevamiento territorial”, afirmó el Relator Especial.

En la misma línea, en Equipo de Pastoral Aborigen (Endepa) publicó en agosto último un relevamiento nacional sobre el nivel de cumplimiento de la ley. “Existe un notorio incumplimiento por parte del Estado argentino en relación a la ejecución de las leyes que ordenan la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas”, había afirmado Endepa y precisó que, a más de cuatro años de aprobada la ley, se “han completado los trabajos correspondientes a sólo seis comunidades en todo el país”.

Anaya visitó en Neuquén comunidades que resisten al avance petrolero (Lof Kaxipayiñ y Wenxu Xawvn Leufu) y en conflicto con especuladores inmobiliarios (Paichil Antriao, de Villa la Angostura). En Salta se entrevistó con comunidades del norte provincial que resisten el avance del modelo agropecuario (monocultivos de soja y agricultura intensiva, entre otros). También recibió a la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), donde se interiorizó respecto del asesinato del diaguita Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009 en Tucumán. Luego viajó a la Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc (Jujuy), donde 33 comunidades kollas y atacama rechazan el avance de la minería de litio sobre territorio comunitario. Le explicaron que la minería “vulnera todos los derechos indígenas” y recordaron que esperan una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (donde descansa un amparo).

El lunes y martes último cerró su recorrida en Formosa junto a la comunidad qom “Potae Napocná – Navogoh” (“Puño de oso hormiguero – La Primavera”). “Escuchó las denuncias de muchos hermanos. Todas referidas a la cotidiana violación de derechos humanos”, explicó el dirigente Félix Diaz. Anaya solicitó recorrer el lugar exacto de la represión del 23 de noviembre de 2010, donde se incendiaron una veintena de casas de la comunidad y fue asesinado el qom Roberto López.

En la conferencia de prensa de ayer Anaya volvió a remarcar la peligrosidad de la “industrias extractivas dentro o cerca” de los territorios indígenas y alertó sobre los “efectos en la salud y el medio ambiente”. “Las condiciones de salud de los indígenas son peores que los de la población general y hay contaminación del medio ambiente a causa de la extracción de recursos como el petróleo y minerales”, afirmó.

Al llegar al país (el 27 de noviembre), Anaya había alertado que “las industrias extractivas son la más grave amenaza para el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Las industrias extractivas que avanzan en Argentina sobre territorio indígena y campesino son la megaminería, hidrocarburos, agronegocios (soja y ganadería intensiva, entre otros) y monocultivo de árboles. También la especulación inmobiliaria y el turismo cinco estrellas (complejos exclusivos en Misiones, Patagonia y Jujuy, entre otros).

Respecto al asesinato de cuatro indígenas y campesinos (Javier Chocobar, Sandra Juárez, Roberto López y Cristian Ferreyra) en sólo dos años. Anaya las evaluó como “tragedias evitables, como otras que se repiten en la lucha lucha social vinculada al derecho básico al territorio”.  (ver entrevista)

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) informó al Relator el incumplimiento de la Ley 26.160 y denunció que el gobierno nacional apuesta a la división de organizaciones indígenas mediante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Dirección de Pueblos Originarios (de la Secretaría de Ambiente de Nación).

“El Relator se hizo presente en vista de los abusos de autoridad y la impunidad de los poderes tradicionales (empresas y terratenientes), amparados por los poderes políticos y judiciales del Estado”, explicó en un comunicado la Confederación Mapuche (ver informe), que acompañó a Anaya durante los tres días que recorrió territorio mapuche.

“No sólo el Estado incumple la normativa sobre derecho indígena, sino que reprime la acción mapuche de proteger el ambiente, el recurso agua, la cultura y cosmovisión mapuche”, denunció la Confederación. Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wenxu Xawvn Leufu, resumió el paso de Anaya por territorio mapuche: “Le informamos de la discriminación, marginación y no reconocimiento que tienen por comunidades originarias. Han pasado muchos años y no hay voluntad política de la Provincia ni de la Nación. Ellos sí tienen voluntad de crear acuerdos con petroleras y mineras para invadir nuestros territorios. Le contamos que incluso vivimos la militarización de nuestros territorios”.

Anaya elaborará un informe donde detallará su recorrida por Argentina. Será elevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y contendrá “recomendaciones” al Estado argentino.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), la Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios de la UBA y la Comisión de Pueblos Originarios de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata –entre otras organizaciones– elaboraron un informe de 60 páginas en las que detallan, a partir de casos concretos, la situación de los pueblos indígenas. Fue entregado en mano al Relator.

“Los pueblos indígenas siguen subordinados a las formas y prácticas neocoloniales. La participación en las decisiones de gobierno que les atañen es sumamente restringida y tratada como una cuestión meramente asistencial”, denuncia el informe y advierte que “la falta de implementación efectiva de los derechos territoriales indígenas se ve agravada por el hecho que, en varios casos, las luchas emprendidas por las comunidades reciben una respuesta institucional violenta que incluye la criminalización, la represión, el asesinato y la persecución y amedrentamiento de las autoridades indígenas y los defensores”.

* Por Darío Aranda para ODHPI.

Relator en Lof Mapuce kaxipayi - kona producciones

Declaración a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a Argentina

07 Diciembre 2011

“En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy concluyendo una visita oficial a Argentina que comenzó el 27 de noviembre recién pasado. Durante mi visita, he sostenido una serie de reuniones con diversos representantes de pueblos y comunidades indígenas, y con oficiales del Gobierno nacional en Buenos Aires y de las provincias en Neuquén, Río Negro Salta, Jujuy y Formosa. Asimismo, realicé visitas a diferentes comunidades indígenas en estas provincias y sostuve reuniones con representantes de la sociedad civil.

“Quisiera agradecer al Gobierno de Argentina por la cooperación que me ha brindado para la visita. Además quisiera agradecer a los representantes de pueblos y organizaciones indígenas en Argentina cuya colaboración en la planificación y realización de mi visita fue imprescindible.

“Durante mi visita he procurado comprender los puntos de vista de los pueblos originarios, representantes de los gobiernos nacional y provincial y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos que existen con respecto al goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Argentina.

“Durante las próximas semanas estaré revisando la información que he obtenido durante la visita para elaborar un informe que evaluará la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina y que incluirá una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi expectativa es que el informe contribuya a la búsqueda de soluciones por parte del Gobierno de Argentina y de los pueblos indígenas a los varios desafíos que enfrentan los pueblos indígenas del país.

“En anticipación a mi informe, ofrezco ahora algunas observaciones preliminares.

“En todos los lugares visitados, he podido constatar un consenso entre las partes interesadas con respecto a los avances en el marco normativo legal que se han dado en el país en materia de derechos de los pueblos indígenas. Estos avances incluyen las importantes disposiciones de la Constitución de Argentina de 1994 en materia indígena, y la Ley 26.160 de 2006 que tiene como fin detener los desalojos de comunidades indígenas y emprender un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena. Otro avance significativo es la ratificación por Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

“Sin embargo, observo que, para poder implementar los derechos reconocidos en estos instrumentos, es necesario que las instituciones nacionales y provinciales den mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido, considero que las instituciones del gobierno necesitan ser fortalecidas y capacitadas para mejor responder a los diversos problemas que enfrentan los pueblos originarios del país.

“En particular, considero importante que se emprendan programas de capacitación para funcionarios del poder judicial a nivel nacional y provincial en las normas nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y su aplicación en casos relacionados con temas tales como los derechos a tierras y recursos naturales de estos pueblos.

“A la misma vez, el Gobierno de la nación y las provincias deben incorporar de mejor manera las normas sentadas en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales aplicables en la elaboración de sus políticas públicas y su programación. También, deben redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de los pueblos indígenas, incluyendo en relación con el relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personaría jurídica de las comunidades o pueblos indígenas.

“En esta conexión, una preocupación central expresada por representantes indígenas durante el transcurso de mi vista ha sido la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y en particular los diversos problemas y retrasos que enfrentan en los procesos de relevamiento territorial. De especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país figura la serie de desalojos de miembros de pueblos indígenas dentro de extensiones de tierras reclamadas por ellos con base en su ocupación tradicional o ancestral.

“La mayoría de estos desalojos han sido producto de una orden judicial que hace difícil el reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria, y se han dado en el marco de disputas territoriales entre miembros de pueblos indígenas y propietarios privados o empresas. Esta situación es de especial preocupación dado a que estos desalojos han sido llevados a cabo en años recientes a pesar del reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en la Constitución de la nación, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT.

“Otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas. He escuchado testimonios de miembros de pueblos indígenas sobre los efectos a la salud y medio ambiente generados por actividades extractivas, y sobre la necesidad de que el Estado argentino preste mayor atención a la remediación de estos efectos.

“Un factor común presente en los diversos casos que fueron llevados a mi atención ha sido la falta de consulta efectiva con los pueblos indígenas afectados antes de emprender dichos proyectos, y la falta de su participación en la toma de decisiones sobre estos proyectos y en los beneficios económicos derivados de ellos. Coincido con lo que he escuchado tanto de representantes indígenas como de algunos representantes gubernamentales, que es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros asuntos que les afectan.

“También en relación con la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan, me preocupa la información que he recibido sobre los efectos generados por la declaración de Sitios de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en áreas donde habitan comunidades indígenas, por ejemplo en la Quebrada de Humahuaca. He sido informado que los pueblos originarios que viven dentro de estos sitios no fueron involucrados en el proceso de declaración de los sitios, no están participando en el manejo de los mismos y se sienten limitados en su capacidad de mantener sus actividades tradicionales y de subsistencia dentro de estos sitios.

“A la misma vez, he tenido conocimiento sobre iniciativas de desarrollo propuestas por los mismos pueblos indígenas que promueven el propio manejo de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades. Considero que el Estado debe promover estas iniciativas y crear las condiciones para fortalecer el efectivo control por parte de los pueblos indígenas sobre su desarrollo económico.

“Para ello, es esencial asimismo que los pueblos indígenas tengan acceso a una educación adecuada, una educación que llegue a sus comunidades y que se adapte a sus realidades. En esta conexión, considero que existe la necesidad de ampliar los programas existentes de educación intercultural bilingüe con la participación de los pueblos indígenas con el fin de que verdaderamente promuevan las lenguas y culturas indígenas. Además, el Estado y las provincias deben dar una mayor atención al acceso a la educación universitaria y la situación particular de mujeres indígenas estudiando en áreas urbanas.

“Reconozco que algunas de estas preocupaciones están siendo atendidas por las instituciones federales y provinciales. Por ejemplo, he tenido conocimiento de algunas importantes iniciativas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para avanzar en el relevamiento territorial y algunos programas de desarrollo social en las provincias. Reconozco también el programa, dentro del marco Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, para mejorar la capacidad de comunicación de las comunidades indígenas en áreas remotas a través del establecimiento de emisoras comunitarios de radio.

“Estos avances necesitan ser fortalecidos, y para ello es necesario que el Gobierno dé mayor prioridad al tema indígena, que desarrolle nuevos programas y políticas públicas en este sentido, y que asegure que estos programas y políticas sean implementados de acuerdo con los estándares internaciones relevantes.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011

Foto 8300 web (Jorge Ariza)

A través de este medio, como Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), nos solidarizamos, y manifestamos nuestro respaldo al periodista Darío Aranda, quien además forma parte de nuestra área de comunicación, fundamentalmente en la redacción de cada una de las producciones escritas que surgen de dicho espacio.

Expresamos nuestra preocupación ante posibles represalias laborales contra su persona, ya que conocemos su trayectoria, honestidad intelectual y compromiso con las luchas más urgentes de esta coyuntura.

La nota que publicó Página 12 el sábado 19 de noviembre con la firma de Aranda no corresponde a la que escribió, según él mismo aclaró. “Específicamente el primer párrafo (lo más importante de una nota periodística). Un derecho básico de los periodistas es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. Por este oficio que abrazo y por las organizaciones sociales en lucha (y por los asesina-dos por este modelo extractivo) es imprescindible esta aclaración”, aseguró el periodista.

La cabeza original que había sido acordada así con el editor era la siguiente: “Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue”, resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires el vocero del MNCI, Adolfo Farías, fue explícito: “Hacemos público que vamos por el Gobernador, es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño”. También hubo marchas en Santiago y Córdoba.

La cabeza publicada por el diario: “Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue”, resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. La marcha partió del Obelisco, se dirigió por avenida Corrientes y terminó en Florida 274. Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron: “¿Quiénes somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia” y “Alerta que camina la lucha campesina por América latina”.

La acción del periódico Página/12 consiste, por lo tanto, en una censura que coarta la libertad de expresión. De por sí ella resulta condenable y debe ser reparada en un medio que sostiene estar alejando de toda presión política.
La realidad de los pueblos originarios en argentina es totalmente ignorada por los grandes monopolios de la comunicación, que tergiversan y mienten a la hora de dar a conocer lo que de verdad pasa en sus territorios. Asesinatos, despojos y criminalización. Eso es justamente lo que pretenden ocultar.

Periodistas como Darío van en contra de esta “norma no escrita” que rige en casi todos los medios de comunicación. Va en contra de esta corriente, pero a favor de la verdad, la justicia y lo que la profesión, o el oficio de ser periodista ha sabido construir a lo largo de muchos años de caminar el periodismo.

Una vez más, manifestamos nuestro apoyo a Darío Aranda y sobre todo a la tarea que realiza, y destacamos el compromiso que tiene para con la realidad de los pueblos originarios.

Exhortamos a la empresa periodística a reparar su actitud y estaremos alerta ante cualquier medida que pudiera tomarse contra él.

ODHPI