El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) considera como positiva la reforma del Código Civil que reemplazará un compendio normativo creado en condiciones muy diferentes al mundo y las relaciones que hoy intenta regular. Sin embargo, no tenemos la misma opinión sobre los aspectos que involucran de manera directa a los pueblos indígenas. Pese a que pareciera un avance el compromiso asumido por la comisión redactora de tener en cuenta estos aspectos a la hora de armar el texto, entendemos que en este caso el continuar con esa decisión puede constituir un retroceso grave para los pueblos indígenas de argentina.

Somos optimistas en que este puede ser el puntapié inicial para darnos un debate franco, amplio y plural para entender las implicancias jurídicas que tiene el reconocimiento de la preexistencia de los Pueblos Indígenas que hicieron los constituyentes de 1994. Para esto es primordial que se tenga en cuenta la voz de los implicados directos en respeto al derecho a la participación y a la consulta.

Además debiera reflexionarse sobre el carácter que tienen las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas, que no son como pretende el texto del anteproyecto relaciones de derecho privado sino relaciones de derecho público. Lo que no han tenido en cuenta los redactores es que desde la reforma constitucional y la incorporación de los tratados de derechos humanos (especialmente del Convenio 169 de la OIT) a nuestro sistema legal, los pueblos indígenas son sujetos colectivos cuya cultura, institucionalidad y jurisdicción territorial debe ser respetada. Esto implica una transformación del Estado y por ello la temática se ubica en el ámbito del ”derecho público”.  En cambio el anteproyecto reduce los derechos indígenas al ámbito privado de las cuestiones de propiedad entre particulares y asimila las comunidades a las asociaciones civiles que se someten a las reglas y controles de las autoridades administrativas, contrariamente a la “preexistencia” garantizada en la Constitución. Modificar este concepto es retroceder al modelo anterior, lo cual es ilógico, injusto e inconstitucional.

Por último queremos alertar sobre la gravedad de incluir la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil. Como se sabe el código civil es un compendio normativo de carácter privatista que nada tiene que ver con los conceptos que originaron el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. La propiedad indígena se deriva del reconocimiento de los pueblos como sujetos colectivos de derecho público, con libre determinación y autonomía territorial. Los conceptos de derechos reales y de posesión y propiedad civil son profundamente distintos y no se soluciona esa diferencia haciendo injertos inadecuados que incluso no respetan en lo más mínimo los estándares que surgen de la constitución y los tratados. Incluir este derecho en el código civil es restringir el derecho, deformarlo y desnaturalizarlo al punto de anularlo.

En conclusión, alertamos sobre la falta de consulta a los pueblos indígenas, sobre lo inadecuado de incorporar la propiedad comunitaria indígena en un compendio privatista como el código civil, y de la violación a la letra de la Constitución y los Tratados internacionales de Derechos Humanos ya que no se respetan los estándares mínimos allí establecidos en la materia como el derecho al territorio, a la ocupación tradicional o el procedimiento adecuado para el reconocimiento estatal de la propiedad indígena, entre otros.

Para más información vinculada al articulado recomendamos leer el artículo: Implicancias

El Consejo Plurinacional Indígena denunció que el proyecto de Código Civil atenta contra los derechos de los pueblos originarios, afirma que las comunidades no fueron consultadas (como establece la legislación vigente) y exige que la propiedad comunitaria indígena sea reglamentada con una ley especial.

  Por Darío Aranda

   “La Propiedad Comunitaria (indígena) no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario”, denunció el Consejo Plurinacional Indígena respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el Código Civil argentino. En un duro comunicado, la organización afirma que se viola los derechos de los pueblos indígenas, advierte que no se consultó a las comunidades (hecho imprescindible legislado en numerosas leyes nacionales e internacionales) y explica que los derechos constitucionales “ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”. Los dieciséis dirigentes indígenas que firman el comunicado aseguran que la vulneración de derechos presentes en el proyecto “no es un descuido” y lo entienden como una avanzada contra “el derecho indígena, el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que es un proyecto de muerte para nuestros territorios”.

   El 27 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentaron públicamente el anteproyecto de reforma del Código Civil (las normas que regulan las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, sean privadas o públicas), que data de 1865. Fue bienvenido por el dirigencia política y los diferentes actores del Poder Judicial. Todos coinciden en la necesidad de actualizarlo.

   También fue bien recibido por los medios de comunicación, que –entre otros aspectos– remarcaron que se beneficiaría a los pueblos indígenas.

   El Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010, difundió un documento en el que puntualiza: “Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un título especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no sólo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles”.

   “Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los pueblos indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación”, solicitan, con la firma de –entre otros– Paz Argentina Quiroga (huarpe de San Juan), Eduardo Nievas (diaguita de Amaicha del Valle, Tucumán) y Felix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de Formosa).

   Denunciaron la falta de consulta a comunidades (vigente en la legislación actual y que obliga a dar participación siempre que se pudiera afectar a las comunidades). Detalla que “ni siquiera” se consultó al Consejo de Participación Indígena (CPI), ámbito creado en el marco del gubernamental Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y donde existen delegados cercanos al Gobierno.

   El Consejo Plurinacional objeta que el proyecto proponga legislar sobre “inmueble” y no “territorio”, concepto mucho más amplio y reconocido por convenios internacionales (169 de la OIT) a los que Argentina adhirió. “El borrador de nuevo Código no sólo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución Nacional sino que además pretende interpretar la relación que los pueblos tenemos con nuestros territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural”, explica.

   Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y parte del Consejo Plurinacional, explicó que de aprobarse el nuevo Código Civil “así como fue enviado será negativo para los pueblos indígenas, un claro retroceso normativo y será una herramienta más para que jueces racistas desalojen comunidades y avancen las empresas extractivas (mineras, petroleras) y estancieros”. Nahuel aclaró que no se oponen a un nuevo Código Civil, pero llamó a escuchar a los afectados directos: las comunidades indígenas. Precisó que la propiedad comunitaria y el derecho a la participación deben (en consonancia con la normativa ya vigente) “quedar fuera del Código Civil y ser reglamentados con leyes especiales”.

   El Consejo Plurinacional también objeta que sólo se tenga en cuenta a comunidades rurales (deja de la lado la gran cantidad de población indígena urbana, en muchos casos expulsada de sus territorios comunitarios en las últimas décadas) y rechaza el artículo 148 del borrador, que establece la figura de “persona jurídica de derecho privado” a las comunidades. “Se sitúa a las comunidades al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de pueblos preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas”, aclara y recuerda que el otorgamiento de personerías jurídicas son utilizadas por los gobiernos en la actualidad como espacios de “intervención y control” sobre la autonomía indígena.

   Hacen especial hincapié en el derecho a la consulta referido a los recursos naturales. “Es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios”, subraya y denuncia que el proyecto enviado por el Ejecutivo establece, en su artículo 2038, que la explotación de recursos naturales “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. A entender de los dirigentes indígenas, así redactado, el nuevo Código será “violatorio de todos los avances” sobre derecho indígena. Y explica que el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas establecen la “necesidad de obtener el libre consentimiento” de los pueblos indígenas afectados. “Este avance conseguido en la última década queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de ‘información y consulta’”, denuncia el Consejo Plurinacional.

   El colectivo de organizaciones solicita que la propiedad comunitaria indígena   “no quede encorsetada en un Código Civil” y exigen que sea reglamentada en una ley especial “como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional en el marco de los festejos del Bicentenario”.

A propósito de la reforma del Código Civil, la postura del ODHPI aquí

- El proyecto minero

- Fallo Corte Antofagasta (primera instancia)

- Fallo Corte Suprema

Más información: www.noalamina.org

 

Denuncia el último informe anual del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), que detalla la situación de las comunidades indígenas de Neuquén, Río Negro y Chubut. También analiza casos emblemáticos de vulneración de derechos, logros de la organización comunitaria y, sobre todo, explicita la falta de cumplimiento de la legislación vigente por parte del Estado.

Con la participación de nueve especialistas en derecho indígena, la investigación del ODHPI detalla el avance cotidiano sobre territorios tradicionales y apunta, además de la complicidad del Estado, al “modelo económico basado en la explotación irracional y la entrega de los recursos naturales, donde las prioridades de desarrollo se deciden a puertas cerradas y se imponen verticalmente sin la consulta ni la participación de los pueblos afectados”.

“El modelo extractivo (minería, hidrocarburos, soja), la concentración de la tierra y la producción, los desalojos y la violencia judicial y policial, son las conclusiones que se llevaron los indígenas en la conmemoración del Bicentenario de nuestro país”, afirma el trabajo, de 66 carillas, y cuyo nombre completo es “Informe de Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Patagonia 2010-2011”. La realidad actual se ve marcada por la intensificación de políticas y acciones privadas y estatales que generan conflictos en los territorios indígenas pese al ordenamiento jurídico que protege los derechos territoriales de los pueblos.

El ODHPI publica sus informes anuales desde 2008. En esta oportunidad la mirada está ampliada no sólo hacia el Pueblo Mapuche sino también al Pueblo Mapuche-Tehuelche, y además se agregó la opinión de expertos en derecho indígena que abordaron la realidad indígena de Neuquén, Chubut y Río Negro a través de los doctores Micaela Gomiz, Laura Zannoni, Eduardo Hualpa, Sonia Ivanoff, Elena Picasso, Fernando Kosovsky y Gustavo Macayo.

Respecto a la situación particular de Neuquén, Micaela Gomiz recuerda que han pasado cinco años desde la reforma de la Constitución provincial (que reconoce los derechos indígenas) y denuncia que “no sólo no se ha avanzado en materia de reconocimiento efectivo en la aplicación de políticas públicas, sino que el accionar estatal viene generando situaciones de violación concreta de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Afirma que los derechos específicos del Pueblo Mapuche son “violados sistemáticamente por el Estado neuquino” y lo acusa de haber asumido “conscientemente una política de negación de las comunidades indígenas, mediante la vulneración de sus derechos territoriales, la imposición de modelos de desarrollo inconsultos y ajenos a la cosmovisión indígena, la promoción y la estigmatización de las organizaciones indígenas como ‘usurpadoras’”. Y advierte sobre la creciente criminalización de los dirigentes indígenas. Ejemplifica, como caso testigo, con la situación de la comunidad Paichil Antriao, de Villa la Angostura, que habita el lugar desde 1902 y que sufrió (y sufre) distintas usurpaciones territoriales.

“Día a día los derechos (de los pueblos indígenas) son cercenados, ya sea por parte de la ciudadanía en general o por parte del Estado”, resume Zannoni respecto a la situación en Río Negro, detalla la falta de acceso de las comunidades a la Justicia y señala, como agravante, el desastre ocasionado por la erupción del volcán Puyehue (en junio de 2011), que agravó la situación de todas las comunidades indígenas (muerte masiva de animales, falta de agua y escasa ayuda estatal).

Eduardo Hualpa realiza un recorrido histórico de la situación de Chubut, aporta casos concretos de vulneración de derechos y explicita la falta de políticas activas de respeto a los derechos indígenas. Puntualiza dos aspectos: la complicidad del Instituto de Colonización (ente provincial que aborda la situación de la tierra) que demuestra “una gran capacidad de obstrucción de los reclamos indígenas, imbuida de un pensamiento individualista/colonizador cuando no directamente predispuesta a favorecer cualquier otra forma socio- productiva diferente de la indígena”

y, como segundo aspecto, explica que la última década han avanzado las industrias extractivas, puntualmente el petróleo y la minería, “amenazas del mundo indígena”. Sonia Ivanoff agrega casos concretos que demuestran la creciente criminalización de quienes defienden el territorio.

El informe también analiza la lucha de la comunidad Mellao Morales en Neuquén (frente a una empresa minera china que pretende instalarse en cercanías de la localidad de Loncopué), la situación de la comunidad Santa Rosa-Leleque (en disputa territorial contra la multinacional Benetton), la comunidad Wenctru Trawel Leufu (con un fallo favorable frente a una petrolera), la comunidad José Manuel Pichun frente a la avanzada forestal en cercanías de El Bolsón y, como paradigma del Poder Judicial racista, se analiza el accionar del juez de Chubut José Colabelli, destituido en 2004 por la violenta represión a la comunidad mapuche Vuelta del Río, y restituido en su cargo en 2010.

“El desafío es que el Estado como responsable del respeto y la garantía de los derechos humanos modifique sus estructuras monoculturales (…) proyecte un modelo económico sustentable, participativo y que no avasalle los territorios y los recursos indígenas y de ese modo cumpla con los compromisos asumidos”, exige en el último capítulo y afirma que es “central comprender que es necesario cambiar esa lógica de invisibilización, desconocimiento y negación que trae como resultado la profundización y perpetuación del genocidio indígena en nuestro país”.

Descargar el informe completo aqui
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Contacto:
Micaela Gomiz (ODHPI) – 0299 154-285934

Con motivo del fallecimiento del Dr. Eduardo Luis Duhalde, militante de toda la vida y Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Rodolfo Mattarollo, miembro del Consejo Honorífico de este Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, escribió el 4 de abril último en el diario “Página/12” la nota que aquí reproducimos, con su autorización.

Una segunda oportunidad

Por Rodolfo Mattarollo *

Cuántas veces habrá dicho Eduardo Luis, después de dictaduras, exilios e indultos, ante la inesperada política de derechos humanos de Néstor Kirchner, que en el caso de nuestra generación se estaba dando eso que es tan difícil, tan infrecuente, ese a la vez privilegio y desafío de “tener una segunda oportunidad en la vida”.

Quien esto decía era un emblemático abogado de los años ’70 –esa década cuyas claves secretas había que buscarlas, insistía, en la profunda renovación del pensamiento político argentino operada en los años ’60–. Era al mismo tiempo un historiador, que en la elaboración de innumerables ensayos con Rodolfo Ortega Peña, si bien mostraba las limitaciones de la izquierda tradicional para comprender la “cuestión nacional”, buscaba la síntesis del enfoque nacional y popular y la perspectiva clasista en nuestra breve y cruel historia.

El secretario de Derechos Humanos del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que nos ha dejado en la mañana del 3 de abril, fue artífice de esa noción de “terrorismo de Estado”, hoy objeto de un vasto consenso, según la cual la pedagogía del terror como método reorganizador de la sociedad y del Estado caracterizaba una dictadura cívico-militar de nuevo tipo establecida a partir del 24 de marzo de 1976. Como ocurría con Rodolfo Ortega Peña, podría decirse de Eduardo Luis que militar y trabajar con él era una fiesta. Cómo olvidar su falta de solemnidad, su irreverencia, su sentido del humor, su agudeza incomparable.

Su obra diversa se inscribe en la tradición no de los raros sino en la gran corriente de los revolucionarios de Argentina y de América latina. Para los que hemos trabajado con él desde hace cuarenta años, para los lectores de su último libro, titulado con síntesis casi latina Contra Mitre, los que sabemos hasta qué punto fue fiel al lema que tantas veces repetía –a los astros por el camino áspero (ad astra per aspera)–, tal vez encontremos una forma de expresarnos, pocas horas después de su partida, con los acentos deliberadamente neoclásicos de ese poeta que amó, porque veía su poesía triunfar sobre sus concepciones políticas, Jorge Luis Borges, quien, en el poema de homenaje a Alfonso Reyes decía –lo estoy citando de memoria desde Haití–: La providencia nos dio a algunos el sector o el arco, pero a ti la total circunferencia… al impar tributemos y al diverso, las palmas y el clamor de la victoria, no profanen mis lágrimas el verso, que nuestro amor inscribe a su memoria.

* Embajador; representante especial de la Secretaría Técnica de Unasur en Haití.

La audiencia fue concedida a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI). En la solicitud se resumieron los graves incumplimientos del Estado argentino respecto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y se resaltó especialmente la gravedad de la situación en las provincias de claras políticas racistas como Neuquén, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán (se adjunta la nota de petición).

En el transcurso de la audiencia se detallaron las violaciones cotidianas a sus derechos, que sufren los pueblos indígenas en la Argentina y la omisión, cuando no la complicidad, de las provincias y el Estado federal en el incumplimiento de los tratados suscriptos.

La representación del Estado argentino se limitó a leer un documento pleno de omisiones, inexactitudes y declaraciones de buenos propósitos, pero cuando los comisionados presentes interrogaron acerca de la inexistenciade mecanismos de consulta y participación y la continuación de los desalojos, entre otros temas, los funcionarios manifestaron que se negaban a responder y que lo harían en el futuro y por escrito, dejando desairados a los miembros de la Comisión.

Dicha actitud es un claro ejemplo de la grave situación denunciada. En vísperas del aniversario del 24 de marzo de 1976 es lamentable este silencio del Estado ante el requerimiento de uno de los organismos internacionales que con más contundencia señaló en su momento los crímenes de la dictadura.

Para accedera al video completo de la audiencia

Juan Manuel Salgado
Director
Observatorio de Derechos Humanos
de Pueblos Indígenas
http://www.odhpi.org

Por Darío Aranda

Ante una Corte Suprema de Justicia diezmada, sólo cuatro de los siete jueces, la minería de litio llegó al máximo tribunal y dejó más preguntas que respuestas. A pesar de fotos y pruebas de perforaciones, el gobierno jujeño aseguró que no existe exploración minera en la zona denunciada (Salinas Grandes). Los jueces preguntaron, una y otra vez, qué implicaba la “participación indígena” (vigente y explicitada en la Constitución Nacional y tratados internacionales) e incluso dudaron de estar frente a un caso de su competencia (a pesar de que, contradicción mediante, celebraron la audiencia para tratar la causa). Las comunidades originarias señalaron como un paso adelante haber llegado hasta la Corte Suprema, solicitaron que se cumpla la legislación vigente y exigieron que se respete su derecho a decidir como pueblos indígenas.

El litio es un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz. En las Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc, puna de Jujuy y Salta, donde viven comunidades kolla y atacama, los gobiernos provinciales identificaron la presencia de litio y dieron la bienvenida a empresas mineras.

Los pueblos originarios cuestionan que gobiernos y empresas violan leyes que obligan a informar previamente cualquier actividad que pudiera afectar sus territorio y alertan sobre el enorme consumo de agua de la minería, en una zona semidesértica como la Puna.

En noviembre de 2010, 33 comunidades indígenas recurrieron mediante un amparo a la Corte Suprema. Ayer, dieciséis meses después, se celebró la audiencia en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

“Por el litio entraron empresas mineras, hicieron exploraciones, pozos, hubo derrames de agua dulce, manchas en el salar, hicieron terraplenes. Y todo ha sucedido sin que pudiéramos opinar. Los gobiernos nunca nos ha consultado”, denunció Liborio Flores, del Pueblo Atacama, e hizo un recorrido histórico de la presencia indígena en las salinas (desde antes de la llegada española), las luchas de los pueblos andinos (Batalla de Quera, en 1875, y Malón de la Paz, durante el primer gobierno de Juan Perón) hasta la actualidad.

“Con la reforma de la Constitución de 1994, cuando el Estado reconoció a los pueblos indígenas, nos dieron una esperanza de recuperar nuestros territorios, el salar y poder trabajar. Sin embargo, la instrumentación de ese entramado constitucional se ha hecho demasiado largo en las provincias, no tenemos el reconocimiento de los territorios”, cuestionó.

Recordó que hace dos años las empresas llegaron hasta la comunidad y hablaron con pocas familias. Ofrecieron trabajo y mejoras a esas familias. “Eso ha hecho que nuestra en comunidad se produzcan divisiones”, lamentó y recordó que nunca se cumplió la consulta libre, previa e informada que establece la ley nacional e internacional.

“Queremos preservar integridad cultural de nuestros pueblos, pero para eso necesitamos preservar la integridad de nuestros territorios. Queremos cuidar el medio ambiente, que es la vida de nuestros pueblos”, afirmó mientras miraba a los jueces y, en el máximo tribunal del país, hizo un llamado básico: “Pedimos el cumplimiento de los derechos indígenas”.

Cerró su alocución y, de inmediato, sobrevinieron los aplausos de la sala.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, advirtió que no se trataba de una “tribuna”, y pidió que no haya aplausos al final de las exposiciones.

La abogada de las 33 comunidades indígenas, Alicia Chalabe, explicó el rol central que las salinas tienen en la cultura de los pueblos andinos, “es el elemento central de su identidad, se referencian con las salinas”. Confesó que para las culturas no indígenas es difícil entenderlo, pero llamó a intentar comprender que el ambiente tiene una dimensión “casi humana” para las comunidades.

Cuando abordaba el aspecto cultural-indígena, a dos minutos de comenzar a hablar, Lorenzetti cortó la exposición. Y comenzó un proceso de pregunta-respuesta (donde intervinieron también los jueces Elena Highton de Nolasco y
Juan Carlos Maqueda) que abortó la exposición planificada por la abogada de las comunidades.

“Se pide derecho a participar. ¿En qué los beneficiaría?”, preguntó el Presidente de la Corte.

Chalabe: “Lo que se pide es que se cumpla el derecho a la consulta establecida en normas internaciones de derechos humanos y en el Convenio 169 de la OIT. Las comunidades no han sido consultadas”.

Maqueda preguntó, respecto al derecho a consulta referido a los recursos naturales, en qué debiera consistir la intervención de las comunidades previo a los permisos de exploración.

La respuesta es el ABC del derecho indígena.

La abogada de las comunidades explicó que el Estado “y no las empresas mineras” debe cumplir la obligación de consultar, pero no de cualquier manera. “Con un procedimiento muy detallado”, advirtió y marcó como jurisprudencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enumeró:
-Lo debe hacer el Estado.
-Se consulta a los representantes que los pueblos deciden que los representen.
-Debe haber una adecuación cultural con una evaluación de impacto social y ambiental de acuerdo a las pautas de los pueblos indígenas.
-Se debe evitar la desigualdad entre las partes. “No puede haber 15 representantes del Estado y de las universidades, y un sólo delegado indígena, como prevé el gobierno de Jujuy”, graficó.

Aún no había finalizado la descripción del proceso de consulta en base al derecho indígena, y Maqueda volvió a preguntar: “¿El Estado ha realizado esas consultas?”

Chalabe fue tajante: “No. Y hay un mapa de la empresa Orocobre (que pretende extraer litio), del 11 de marzo este año, que muestra 47 perforaciones en Salta Y jujuy…”.

Volvió a cortarla Maqueda: “¿Cuáles serían los recursos naturales que esas exploraciones autorizadas por la Provincia afectarían?

“La sal. Y el agua”. Resumió la abogada. Recordó que un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó respecto al uso de agua en minería y explicó la fragilidad del sistema de salinas, con aguas superficiales y subterráneas, dulces y saladas. “La posibilidad que se mezclen aguas dulces y saladas significa la pérdida del salar, que será la pérdida de esta cultura andina de siglos”.

Las constantes preguntas de los jueces, una suerte de ping-pong supremo, había hecho mutar el clima de la audiencia. Nadie había imaginado (al menos los vinculados a los pueblos indígenas) que esa sería la metodología del tribunal.

Este redactor asistió a otras tres audiencias de la Corte Suprema respecto a la realidad indígena (por la desnutrición en Chaco, los desmontes en Salta y, el 8 de marzo último, por el Pueblo Qom de Formosa) y siempre los jueces permitieron exponer sin interrupciones. Las preguntas siempre fueron al final de cada exposición.

La ausencia del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, el más cercano a la realidad indígena, también fue un factor negativo para las comunidades.

Enredos
Los momentos más tensos fueron cuando comenzó a preguntar la jueza Highton de Nolasco. En poco menos de 15 minutos, intervino en 24 oportunidades para preguntar y/o repreguntar. La crónica sería, de citarse textual, de insoportable lectura.

Algunos tramos de Elena Highton de Nolasco (EHN) y la abogada Alicia Chalabe (AC):

EHN: La provincia de Jujuy dice que no se ha dado permiso para litio. ¿Es así?

AC: Ojalá pudiera contestarle con certeza de documento escrito. La Provincia no nos ha contestado. En las páginas web de las empresas mineras sí aparece (la exploración).

EHN: ¿Pero lo ven en territorio? ¿Hay gente intentando explotar o es algo puramente preventivo la demanda?

AC: En la comunidad Santa Ana hubo una perforación. En la zona cercana a Cangregillos se está explorando.

EHN: ¿Qué han peticionado al Gobierno?

AC: Se ha pedido en agosto de 2010 que se cumpla el derecho a la consulta.

EHN: Lo entiendo como algo genérico el derecho a consulta, pero en concreto del litio y el borato, piden consulta pero sobre todo participación. ¿En qué consistiría? ¿En si se explota o no? Aparentemente no habría oposiciones a la explotación sino que se quiere una explotación limpia. ¿O es también tener trabajo para la comunidad? Para entender en concreto.

AC: No se está solicitando el ejercicio de un derecho ambiental, sino el ejercicio de un derecho indígena, establecido y desarrollado por la Corte…

EHN: Sí, pero concreteme un poco. Actos concretos que se esperan de la Provincia o de esta Corte, de la sentencia. Porque es una forma muy general el derecho a la participación, ¿pero en concreto?

AC: En concreto es un proceso de consulta que cumpla con los estándares internaciones de derechos humanos. Proceso que no lo lleven adelante las empresas mineras, sino el Estado, con pautas claras.

EHN: ¿Hay alguna exploración o es algo preventivo, un temor?

AC: Existen los permisos de exploración en las informaciones de las empresas mineras. Tienen declaraciones de impacto ambiental, es información de las empresas, no del Gobierno.

EHN: Digamos que por ahora nadie ha pedido nada al Gobierno o no sabemos. Esta demanda contra el Gobierno es en realidad por las páginas web de las empresas.

AC: Y por las actividades (de las empresas) en la zona des salinas (… ) Todo está en la documentación (del expediente).

EHN: Lo he leído completo, pero me queda volando qué es lo concreto que pretenden frente a una exploración. ¿Qué el Gobierno los consulte o que el Gobierno los consulte en general antes de empezar nada? No tengo claro.

AC: El pedido es que se cumpla el proceso de consulta. Y que se haga antes de iniciar…

EHN: Para la Corte tiene que haber un caso, un conflicto concreto. Esto ni siquiera es una demanda meramente declarativa, que es lo mismo que surge del expediente, que está todo muy en general, como hipotético, pero no veo un caso, un conflicto concreto… usted es abogada…

AC: Por eso se ha pedido la información a la Corte. La información no ha sido cedida a la comunidad.

¡Ayuda!
El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, resumió. “Está claro que piden el derecho a consulta y participación”. Y preguntó: “¿Quieren que el Gobierno les pida una opinión? ¿Autorización para entrar a explorar? ¿Participación qué significa? ¿Debe ser el Estado? ¿El Estado debe pedir permiso? ¿Y si no se da permiso no se puede realizar? ¿Los pueblos originarios tendrían ese derecho? ¿O consulta y participación es un debate donde después decidiría el Estado?”

La abogada de la comunidad, Alicia Chalabe, explicó que la participación se debe dar antes, durante y después de la exploración, en todo momento que se decida sobre los recursos naturales en territorios indígenas. Y remarcó que la jurisprudencia internacional, a que Argentina adhirió, prevé como “salvaguarda especial el consentimiento. No se trata de una participación informativa o de un solo proceso de conversación con las comunidad”.

Lorenzetti redondeó la idea (sujeta a derecho indígena). “En concreto, usted plantea que para explotar debe haber consentimiento de las comunidades indígenas. Y si no lo hay no se puede explotar, como si fuera propiedad originaria”.

Chalabe cerró: “Sí”.

Gobierno
En representación del gobierno jujeño expuso el fiscal de Estado, Alberto Matuk, que enfrentó las mismas preguntas, repreguntas e interrupciones que la abogada de las comunidades indígenas.

Explicó que en la zona hay seis explotaciones de boro, pero que una sola afecta a una comunidad y que ésta dio su visto bueno “y participó en todas las etapas” de exploración, instalación y explotación.

“No existe ni exploración ni explotación de litio en la zona de Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes. Existen pedimentos, varios, diversos, pero sin ninguna clase de trámite”, señaló sin inmutarse –por la contradicción– el Fiscal de Estado. Es una misma oración reconoció pedidos de exploración, pero no trámites. Los jueces, incisivos en toda la audiencia, no repreguntaron.

Cerró la audiencia la joven kolla Modesta Rosana Calpanchay, de la comunidad Puesto Rey. Respaldó las afirmaciones del gobierno provincial y dio la bienvenida a la minería en la región. “El Gobierno nos entregó título y nos consultó siempre (…) No sólo queremos fuentes de trabajo, queremos ser proveedores de servicios locales, queremos educación, capacitación. Si tenemos abogados y geólogos podremos controlar mejor”.

La comunidad de Calpanchay, reconocida en la zona por su cercanía al gobierno provincial, está ubicada a 90 kilómetros de la zona de conflicto, en Susques, región que no está incluida en la amparo ante la Corte Suprema y, por lo cual, no se entendió su participación en la audiencia.

Epílogo indígena
Los delegados de las 33 comunidades regresaron anoche a la Puna. Antes de partir, Liborio Flores, 49 años, padre de siete hijos, del Pueblo Atacama, hizo su balance, a título individual (avisó que la próxima semana habrá asamblea y allí surgirá una lectura colectiva). “La audiencia fue una oportunidad, es la primera vez que la Corte recibe a los pueblos andinos, planteamos nuestra realidad y pudimos recordar las luchas de nuestros abuelos. Llegar a la Corte Suprema es parte de esa misma lucha”, explicó.

Consultado sobre el gobierno provincial, Flores sonrió. “Conocemos sus dobles discursos. Se muestran como corderitos y en el territorio ya le conocemos bien el cuero. Dicen que no hay exploración, pero todos sabemos que sí hay, incluso se le escapó al decir que hay ‘pedidos’”, alertó.

Y, sin nombrarlos, Flores recordó a los jueces supremos. “Parecía que querían que dijéramos otra cosa. Nosotros no estábamos pidiendo plata ni trabajo, no pasa por ahí nuestra vida. Nosotros queremos que nos dejen decidir nuestro futuro”.

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Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.

Por Darío Aranda

“El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.

“Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”,  denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.

La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”

Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.

“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.

El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.

Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal  autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.

Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica”.

Díaz responsabilizó a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, explicó el líder qom.

Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda,  los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.

Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.

Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.

Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.

“Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.

Otra Argentina

Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.

Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.

Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: “Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena”. Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que –ante la sorpresa de los presentes–, comenzó a leer un informe.

Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó “tres leyes fundamentales” para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe”, la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, “reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión” para las comunidades.

Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron “relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas”.

“Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”, señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un “esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos” en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado “26 proyectos que benefician a 429 comunidades” (no precisó qué proyectos).

“Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”, recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que “a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.

Preguntas

Los comisionados de la CIDH hicieron consultas:

-¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?

-¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?

-¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?

-¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).

-¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?

-¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)

-¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?

La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación.

Respuestas

Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: “Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio”.

Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.

Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que “en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta” a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco “fue consultado con ninguna comunidad”.

Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. “Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad”, lamentó.

Silencio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas.

Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las “autoridades competentes” y que responderían por escrito.

Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.

Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia especial, el próximo 23 de marzo, para abordar la situación de los pueblos indígenas en la Argentina. “El objetivo es poner en conocimiento la grave situación en la que viven los miembros de los distintos pueblos indígenas”, explica la solicitud realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi).

La CIDH llamó a audiencia especial, en el marco del 144 período ordinario de sesiones, bajo el título “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”. Se abordará especialmente la situación del Pueblo Mapuche de Neuquén, el Pueblo Diaguita de Tucumán y el Pueblo Qom de Formosa. En Neuquén, más de 250 dirigentes mapuches están procesados por defender el territorio donde siempre vivieron. En Tucumán y Formosa enfrentan constantes intentos de desalojos y fueron asesinados el diaguita Javier Chocobar (12 de octubre de 2009) y el qom Roberto López (23 de noviembre de 2010).

“En nuestro país, los pueblos indígenas padecen consecuencias de injusticias históricas: la colonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo (…) En la práctica no existen normas ni políticas de Estado que garanticen los derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como tales”, comienza el documento firmado por Cels, Andhes y Odhpi, fundamentando la petición de audiencia. Integrantes de los tres pueblos concurrirán a la entrevista, en Washington (Estados Unidos).

Las organizaciones de derechos humanos de Argentina remarcan el incumplimiento de la legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas y, afirman, que el “Estado argentino no solo incumple su obligación de hacer efectivos los derechos territoriales indígenas sino que, en múltiples casos, los reclamos que llevan adelante las comunidades han derivado en respuestas violentas del Estado que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de particulares o miembros de las fuerzas de seguridad”.

En 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Argentina. El Comité expresó su preocupación por los hechos de violencia del que son víctimas la comunidades. El mismo año, el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado “adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitarias de los pueblos indígenas”.

En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas de Formosa y Neuquén. Instó a que se garantice la vida, la integridad física y las prácticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de las policías o particulares.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) señaló, en 2011, numerosas preocupaciones en torno a la falta de efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, solicitando al Estado que emprenda las medidas necesarias para frenar estas violaciones y que se sancione a los responsables de tales actos ilegales.

En diciembre pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de la Patagonia y del Norte del país. Alertó respecto al avance de industrias extractivas, el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la violación de derechos humanos

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Contacto:
Juan Manuel Salgado (ODHPI) – 0299 4486294

El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo aprobó por unanimidad en su sesión de este viernes 16 de febrero la creación del Centro de Estudios sobre Derecho de los Pueblos Originarios.

La iniciativa busca abrir un espacio permanente de exploración conceptual orientado a indagar los planteos provenientes de lo que se ha denominado “ Minorías, Diversas Concepciones Jurídicas. Derecho de los Pueblos Originarios” y “El proceso y sus alcances para los grupos que son una minoría en el Sistema Republicano ”.

El Centro será dirigido por el Profesor Richar Fernando Gallego , y cuenta como consultores externos con el Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani y la Magister Andrea Meroi.

El Dr. Ciuro Caldani posee una vasta experiencia en docencia e investigación en Ciencias Jurídicas, habiéndose desempeñado como investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; director del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Director de la Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Director del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y del Centro de Estudios Comunitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras actividades.

Andrea Meroi es actualmente Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Cuenta con los títulos de Magíster en Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario; Magíster en Asesoramiento Jurídico de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral; Especialista Universitario en Argumentación Jurídica (Universidad de Alicante); Diploma en Educación y Nuevas Tecnologías, FLACSO (2007).

Dentro del Comité Ejecutivo del Centro, y en calidad de coordinadora e impulsora del Proyecto, se encuentra Maria Belén Deluchi, quien en el año 2011 obtuvo el grado de Magister en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, siendo su tesis aprobada “Justicia y Pueblos Originarios. Una Mirada de Diversas Concepciones Jurídicas y las Posibilidades de Audiencia”, cuyo director fue el Dr Miguel Angel Ciuro Caldani.

La Dra. Deluchi se desempeñó durante los años 2000/2003 como abogada de la Comunidad Indígena Milikilin- Huitral, de El Cuy, Río Negro.

La iniciativa ha convocado a números docentes y graduados de la Facultad de Derecho y Cs Sociales de la UNCo interesados en el proyecto, que tiene como objetivos:

1) Desarrollar y estimular la investigación en el campo del Pensamiento Jurídico, específicamente en torno a la propuesta de diversas concepciones jurídicas aplicado a minorías de los Pueblos Originarios
2) Dictado de Seminarios (de grado y post grado) de actualización
3) Diseño de actividades permanentes de difusión, capacitación y transferencia abiertas a la comunidad
4) Diseño de una Biblioteca Virtual Temática
5) Creación de una Revista Electrónica temática del Centro
6) Generar eventos académicos que posibiliten el intercambio teórico permanente para institucionalizar vínculos interinstitucionales para favorecer la formación de estudiantes y jóvenes investigadores.

Fuente: Notifadecs